Empezó un sexenio más y la falta de legislación sobre Publicidad Oficial tiene consecuencias graves y desproporcionales al momento de contratar los servicios de los medios de comunicación. Los encargados de las oficinas de prensa de los Estados y Municipios; “los jefes de prensa, directores de comunicación social o imagen institucional”, toman partida del presupuesto y lo reparten según los intereses de sus jefes, o intereses personales dejando de lado el trabajo profesional y de investigación, de los medios de comunicación.
La Publicidad Oficial en primer lugar, los que gozan de estos privilegios, son los medios digitales -en general-; buscan impactar el mercado -algunos medios- por medio de estadísticas, sin hacer un estudio al mercado que desean llegar, los jefes de imagen institucional; los coordinadores de prensa, en su mayoría, carecen de preparación profesional para encabezar los embates modernos de la era digital y los impactos que pueden tener en la sociedad. No se revisan con detenimiento la información que debe de consumir la sociedad civil, ni hay un programa de trabajo transversal o cultural que integre al gobierno con la población.
La información digital actual en su mayoría difunde violencia, o se trabaja sin una perspectiva de género incluyente. Lo más preocupante es el consumo de violencia sin tener en cuenta códigos de ética, ni lineamientos que guíen al periodista o las personas que informan a la sociedad del consumo. Ahora mismo, no hay límites en las redes sociales, pero tampoco hay un reglamento claro para los medios de comunicación.
Otro tema, en este contexto, son los amigos del poder y las facilidades para otorgarles publicidad, los medios de comunicación que tienen cercanía con los Gobernadores, Presidentes Municipales o gente cercana a las cúpulas, en pocas palabras, se lleva de manera impune el conflicto de interés (y, no se pueden dejar fuera de este renglón, a los colegas cercanos de los “jefes de prensa, directores de comunicación social o imagen institucional”). Gozan de privilegios los medios consentidos, solo por el hecho de ser cercanos, compañeros de copas o simplemente por favores personales. Es el pan de cada día en las distintas administraciones del país y del estado de México, lo podemos constatar en los municipios del valle de México y valle de Toluca. Así también, existe los medios que están como prestanombres, o que pertenecen a los “jefes de prensa, directores de comunicación social o imagen institucional”, o sea, cobran el doble o más.
Con las nuevas dependencias autónomas de Transparencia y las solicitudes ciudadanas a estos organismos se puede comprobar más ampliamente las corruptelas que no se han podido extinguir y los beneficios a unos pocos medios de comunicación. Lo que es una clara violación al principio constitucional de Proporcionalidad, Legalidad y Transparencia; donde autoridades y ciertas compañías periodísticas se benefician y se vuelven mafias que absorben los presupuestos públicos, y no se castiga a estas asociaciones ilícitas, o grupos de poder, donde están implicados muchos actores públicos y privados, que atentan contra la libertad de expresión, la democracia nacional y del estado mexicano; y tienen como consecuencia la censura indirecta para los medios que no son afines a los grupos de poder.
Como dato solo podemos decir que en el Estado de México el sexenio anterior, se gastó en Publicidad Oficial 143 millones 798 mil 175 pesos, esto solo corresponde al año de 2016 y cantidades abultadas en los años posteriores. Cuando, en esta entidad más del cincuenta por ciento de los mexiquenses viven en pobreza. Se tiene que transparentar que, a nivel nacional, se destinaba más dinero para la imagen de los gobernantes que para educación según datos del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR -hasta el sexenio anterior-. Es tiempo de legislar, para evitar estas prácticas de poder y beneficios de unos cuantos, de otra forma hay una censura indirecta hacia los “medios pequeños” que son parte de la estructura social, de la libertad de expresión y “la democracia mexicana”, que últimamente está muy pisoteada. El actual gobierno trata de cambiar la estructura de poder, y no han salido golpeados -en general- los que más tienen economía; prueba fehaciente que la austeridad que no es bien aplicada, es sinónimo de desproporcionalidad.
